Sobre la suspensión automática de las visitas y estancias de los hijos con el progenitor incurso en un proceso penal

Por Ley 8/2021, de 2 de junio, se dio nueva redacción al artículo 94 del Código Civil, introduciendo un apartado (el 4) que dice: «No procederá el establecimiento de un régimen de visita o estancia, y si existiera se suspenderá, respecto del progenitor que esté incurso en un proceso penal iniciado por atentar contra la vida, la integridad física, la libertad, la integridad moral o la libertad e indemnidad sexual del otro cónyuge o sus hijos. Tampoco procederá cuando la autoridad judicial advierta, de las alegaciones de las partes y las pruebas practicadas, la existencia de indicios fundados de violencia doméstica o de género. No obstante, la autoridad judicial podrá establecer un régimen de visita, comunicación o estancia en resolución motivada en el interés superior del menor o en la voluntad, deseos y preferencias del mayor con discapacidad necesitado de apoyos y previa evaluación de la situación de la relación paternofilial«.

Muchos fueron los medios de comunicación que, a modo de titular, informaron públicamente acerca de que los padres incursos en un proceso penal por «maltrato», o en caso de constatarse judicialmente la existencia de indicios fundados de violencia doméstica o de género, se verían privados automáticamente de las visitas o estancias con sus hijos. Y cierto es que, en base a dicha nueva redacción del artículo 94, algunos Juzgados han venido suspendiendo de forma casi mecánica las visitas y estancias con los hijos a progenitores implicados en procesos penales. Pero no debería haber sido ni debe ser así, dicho sea en cuanto al automatismo.

Y así lo ha venido a aclarar el Tribunal Constitucional, como hemos conocido recientemente a través de su nota informativa nº 75/2022, de 13 de septiembre, que adelanta que dicho Tribunal en pleno ha desestimado por unanimidad el recurso de inconstitucionalidad interpuesto en su día por el grupo parlamentario Vox del Congreso de los Diputados. La Sentencia afirmaría que «el precepto no priva de modo automático al progenitor del régimen de visitas o estancias como afirman los recurrentes, sino que atribuye a la autoridad judicial la decisión sobre el establecimiento o no de un régimen de visitas o estancias o la suspensión del mismo, incluso en los supuestos en los que un progenitor esté incurso en un proceso penal«, como resulta claramente de la lectura del párrafo 4 del artículo 94 del Código Civil, si no se omite su inciso tercero, «que atribuye en todo caso la decisión relativa al establecimiento o no de un régimen de visitas y comunicación a la autoridad judicial, que deberá motivarla en atención al interés del menor«; principio del interés del menor que ha de regir toda decisión o medida a adoptar que afecte a los menores, como interés superior a proteger.

Es decir que, en cualquier caso, habrá de ser el Tribunal correspondiente el que tendrá que valorar las circunstancias concretas de cada caso (entre ellas, la gravedad, naturaleza y alcance del delito que se atribuye a un progenitor, su incidencia en la relación paterno o materno filial, su carácter doloso o imprudente, la persona o personas directamente afectadas por el mismo) y ponderar las consecuencias de las medidas a adoptar (entre otras, las irremediables que genera el transcurso del tiempo para la relación entre niño y progenitor); medidas que, por otro lado, han de ser eficientes y razonables para proteger a los menores de actos de violencia o contra su integridad. Y termina afirmando que si la autoridad judicial decidiera la suspensión del régimen de visitas o estancias, habrá de hacerlo mediante una resolución motivada (quiero recalcar lo de motivada), en la que valore la relación indiciaria del progenitor con los hechos delictivos, así como la necesidad, idoneidad y proporcionalidad de las medidas adoptadas.

En el ámbito del Derecho aragonés, está pendiente de resolverse una cuestión de inconstitucionalidad planteada en su día por la Magistrada-Juez del Juzgado de Primera Instancia nº 16 (de Familia) de Zaragoza, ésta en relación con el artículo 80.6 del Código del Derecho Foral de Aragón que, en términos similares a los contemplados en el artículo 94 del Código Civil, impediría la atribución de la guarda y custodia, ya sea individual o compartida, a uno de los progenitores incurso en un proceso penal. Ya veremos en qué queda, pues es otra cuestión.

Analizar y conocer estas cuestiones es parte de la labor de un buen Abogado de Familia.

Anuncio publicitario

Cónyuge en trámites de separación que abandona la vivienda familiar y entra después en la casa sin el consentimiento del que queda viviendo en ella: ¿allanamiento de morada?

Los hechos son los siguientes: esposo que en el mes de septiembre de 2014 se separa por desavenencias matrimoniales de su entonces esposa y, como consecuencia de tal separación, se marcha a residir fuera de la vivienda familiar, para instalarse primeramente en casa de sus padres y después en un piso de alquiler, aunque dejando en el domicilio familiar numerosos objetos de su propiedad (ropas, material de montaña, esquís, bicicleta, etc.).

Desde ese momento y hasta el mes de septiembre de 2015, en que se presenta la demanda de divorcio, el esposo acude en varias ocasiones al domicilio familiar a visitar a su hija menor y recoger enseres personales y otros objetos, con el consentimiento de su entonces esposa.

Pero en el mes de septiembre de 2015 y coincidiendo con el inicio de los trámites de divorcio, la esposa comunica al esposo que se abstenga de acceder al domicilio en que ella continúa residiendo en compañía de su hija, y cambia la cerradura del inmueble, sin proporcionarle copia alguna.

Varios meses después el esposo acude a la vivienda y, como no tiene llaves, cambia la cerradura con la asistencia de un cerrajero, accediendo a la misma y dejando una llave en el buzón de la casa, lo que comunica a la esposa el mismo día mediante un mensaje de WhatsApp.

En resumen, estos son los hechos que se declaran probados, cuestionándose en el proceso judicial si el esposo había cometido el delito de allanamiento de morada, teniendo en cuenta que a la fecha de los hechos no existía resolución judicial atribuyendo el uso del domicilio familiar a ninguno de los cónyuges.

Y la Sala Segunda, de lo Penal, del Tribunal Supremo, en Sentencia de 10 de julio de 2020 declara que sí existe delito de allanamiento de morada, confirmando la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia del Principado de Asturias que, a su vez, confirmaba la Sentencia dictada por la Audiencia Provincial de Oviedo, Sección Segunda, constituida como Tribunal de Jurado.

Las razones del Tribunal Supremo son las siguientes:

«DÉCIMO-TERCERO.- Entrando ahora en la segunda cuestión, se ha reprochado por el recurrente, por la vía autorizada en el art. 849-1º de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, la subsunción jurídica de los hechos en el art. 202.1 del Código Penal, que tipifica el delito de allanamiento de morada.

La razón de su discrepancia reside en que, conforme a la resultancia fáctica, a la fecha del cambio de cerradura y la entrada en la vivienda de su mujer, no existía resolución judicial atribuyendo el domicilio…, a Sacramento ni a Ginés.

Sin embargo, tal objeción no puede ser atendida porque los hechos probados narran que desde el mes de septiembre del año 2015 la posesión de la vivienda entonces común, pasaba a detentarla de forma exclusiva Sacramento, la cual incluso había cambiado la cerradura, hecho que conocía el acusado. Se detalla en consecuencia en el factum de la sentencia recurrida la consideración de morada ajena. Y no es sino un año y casi cuatro meses después cuando el acusado, conociendo que no tenía llaves, llegó a tal morada, y asistido de un cerrajero pudo entrar en la vivienda, para cambiar seguidamente la cerradura, entrando en el domicilio de su esposa, de la que se encontraba en trámites de separación, sin consentimiento alguno. Es verdad que acto seguido le proporciona un juego de llaves que deja a su disposición en el buzón de la casa, pero este acto no legitima su entrada ilegítima, y por consiguiente, la perpetración de un delito de allanamiento de morada.»

Estar al tanto de las más recientes interpretaciones jurisprudenciales a la hora de aconsejar a un cliente y advertirle de las posibles consecuencias de determinados actos es parte de la labor de un buen Abogado de Familia.

Sobre la casa nido en casos de custodia compartida

Vuelve a pronunciarse nuestro Tribunal Supremo, en su reciente Sentencia 396/2020, de 6 de julio, acerca de la no conveniencia de la denominada «casa nido» (o avispero, como también se la llama en algunos ámbitos, por los conflictos que puede generar entre los progenitores que rompen su convivencia en pareja).

Recordemos que la «casa nido» es aquella vivienda en que viven los hijos que están bajo la guarda y custodia compartida de sus progenitores, siendo los progenitores quienes se alternan el uso de dicha vivienda para que sus hijos no salgan de la misma.

En la referida Sentencia la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo recuerda y cita sus también recientes Sentencias 15/2020 -de 16 de enero-, 215/2019 -de 5 de abril- y 343/2018 -de 7 de junio-. En ellas viene a decir que dicho sistema de rotación en la vivienda familiar «no es compatible con la capacidad económica de los progenitores, que se verían obligados a mantener tres viviendas (la de cada uno y la común), unido a la conflictividad que añadiría el buen mantenimiento de la vivienda en común (art. 96 del C. Civil)«, no siendo, en definitiva, un sistema que vele por el interés de los hijos menores.

En Aragón, nuestro Código de Derecho Foral regula específicamente la atribución del uso de la vivienda familiar en los casos de custodia compartida cuando no hay  acuerdo entre los progenitores. En su artículo 81, apartado 1, dispone expresamente que «el uso de la vivienda familiar se atribuirá al progenitor que por razones objetivas tenga más dificultad de acceso a una vivienda y, en su defecto, se decidirá por el Juez el destino de la vivienda en función del mejor interés para las relaciones familiares«, añadiendo en el apartado 3 que dicha atribución del uso, en su caso, debe tener una limitación temporal.

Por tanto, y salvo muy raras excepciones, se consolida el criterio jurisprudencial del efecto negativo o de la no conveniencia del establecimiento de la «casa nido» en los casos de custodia compartida.

Ser conocedor y estar al corriente de las más recientes novedades jurisprudenciales es parte de la labor de un buen Abogado de Familia.

Custodia y visitas de los hijos de padres separados o divorciados durante la vigencia del estado de alarma declarado como consecuencia de la crisis sanitaria ocasionada por el virus COVID-19

De todos es más que sabido que el pasado día 14 de marzo de 2020, por Real Decreto 463/2020, de la misma fecha, se declaró en España el estado de alarma con el fin de afrontar la situación de emergencia sanitaria provocada por el coronavirus COVID-19.

De todos es también sabido que, entre las medidas adoptadas en dicho Real Decreto, modificado posteriormente por Real Decreto 465/2020, de 17 de marzo, se encuentra la limitación de la libertad de circulación de las personas. Asimismo, salvo determinadas excepciones, se suspenden los términos y plazos procesales de todos los órdenes jurisdiccionales.

¿Y ahora qué pasa con el régimen de custodia, visitas, comunicaciones y estancias entre los hijos y sus padres separados o divorciados? Una primera respuesta clara y general sería que hay que seguir cumpliendo con el régimen pactado y/o establecido en una resolución judicial. Esta situación excepcional no debe ni puede servir de amparo o excusa para incumplir un determinado régimen de custodia, visitas, comunicaciones o estancias entre hijo y progenitor. Pero, claro, habrá que atender a las circunstancias particulares de cada caso concreto.

El apartado 1 del artículo 7 del Real Decreto que declara el estado de alarma permite circular por las vías o espacios de uso público acompañando a personas con discapacidad, menores, mayores, o por otra causa justificada, para la realización de determinadas actividades, entre las que se encuentran el retorno al lugar de residencia habitual (apartado d), la asistencia y cuidado a menores (e), causa de fuerza mayor o situación de necesidad (g) y cualquier otra actividad de análoga naturaleza (h). Igualmente, el apartado 2 permite la circulación de vehículos particulares por las vías de uso público para la realización de dichas actividades.

Es decir, las limitaciones impuestas a la libertad de circulación de las personas no impiden a priori el cumplimiento de los regímenes de visitas, comunicaciones o estancias establecidos en los pactos de relaciones familiares o convenios reguladores, o en las medidas adoptadas en resolución judicial al efecto, ni los restringen. Tampoco se ha dispuesto medida legal alguna especial al respecto.

Así, el Ministro de Justicia, en comparecencia y posterior rueda de prensa del pasado día 20 de marzo, declaró que, por «regla general, tendrán que seguir cumpliéndose los acuerdos establecidos en medidas cautelares o en sentencia definitiva sobre la tenencia de los progenitores«.

Del mismo modo, la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial, en sesión extraordinaria celebrada el mismo día 20 de marzo de 2020, acordó expresamente que, si lo impone la necesidad de preservar la salud de los hijos y de los progenitores, «corresponde al juez la decisión pertinente acerca de la suspensión, alteración o modulación del régimen de custodia, visitas y estancias acordado en los procedimientos de familia cuando lo dispuesto en el Real Decreto 463/2020, por el que se declaró el estado de alarma, afecte directa o indirectamente a la forma y medio con arreglo a los cuales se llevan a la práctica las medidas acordadas«, sin perjuicio, como también señala, de la posibilidad, “e incluso conveniencia”, de que esta variación del régimen y de la forma de ejecutarlo sea producto del consenso entre los progenitores, pues la intervención judicial sólo se hará necesaria en caso de falta de acuerdo de los progenitores.

Termina diciendo la Comisión Permanente que “lo anterior no es obstáculo a la eventual adopción de acuerdos en las juntas sectoriales de los Juzgados de Familia con objeto de unificar criterios y de establecer pautas de actuación conjunta en orden a satisfacer las finalidades de protección a que está orientado el Real Decreto 463/2020”.

En este sentido, son diversos los acuerdos adoptados por distintas Juntas Sectoriales de Jueces de Familia que tratan de unificar criterios en sus circunscripciones, y que son, por otro lado, muy dispares entre sí, motivo por el que habrá de estarse no sólo a cada caso concreto sino a los criterios que hayan podido ser adoptados por dichas Juntas de Jueces de Familia en cada ciudad.

Por ejemplo, en Zaragoza, por ser el partido judicial en el que con mayor frecuencia trabajo, el 16 de marzo de 2020 se reunió de forma extraordinaria y urgente la Junta Sectorial de Jueces de Familia, para, a la vista de la situación excepcional existente en este momento, y siempre para el supuesto de falta de acuerdo entre las partes, acordar la unificación de ciertos criterios sobre ejecución del régimen de custodia y visitas intersemanales y de fines de semana.

Así, los jueces de Familia de Zaragoza acordaron, entre otros criterios, que en los casos de custodia compartida se deberán efectuar los cambios en las fechas que correspondan, arbitrando en su caso la forma en que el menor resulte menos expuesto al coronavirus; que igualmente se mantendrán las visitas de fines de semana en los supuestos de custodia tanto compartida como individual, exista o no pernocta; que se suspenden las visitas intersemanales sin pernocta tanto en custodia compartida como individual, por suponer una exposición innecesaria para el menor dada su brevedad; y que las vistitas intersemanales con pernocta deberán llevarse a cabo en sus propios términos.

Asimismo en dichos acuerdos de Zaragoza se señala que la copia de la resolución correspondiente será título suficiente para acreditar ante los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado la necesidad del desplazamiento y, expresa y «finalmente, se pone de manifiesto a los progenitores implicados en estas medidas que la situación excepcional en la que se encuentra el país y que afecta a la Administración de Justicia y a la jurisdicción de familia en particular por su especial naturaleza, no debe servir de excusa ni amparar, (salvo supuestos excepcionales y que en su caso se deberían justificar adecuadamente) el incumplimiento de las medidas establecidas en las resoluciones judiciales«.

Por tanto, lo primero a explorar será la posibilidad de seguir cumpliendo los pactos y medidas acordadas en resolución judicial previa con las adaptaciones temporales que sean precisas, siempre que, a la vista de las circunstancias extraordinarias en las que nos encontramos, no se ponga de manifiesto un riesgo objetivo y claro para los hijos menores, los padres u otras personas, en cuyo caso habrá de apelarse a la responsabilidad de los progenitores para acordar las modificaciones que sean necesarias o adecuadas a cada situación mientras dure la situación de riesgo o peligro.

De no ser posible el acuerdo, por la razón que sea, se puede acudir al Juzgado solicitando la adopción de las medidas que se consideren oportunas con el fin de apartar al menor de un peligro o de evitarle perjuicios, actuación procesal que no es objeto de suspensión y deberá llevarse a cabo necesariamente al amparo del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma.

Conocer todo lo anterior desde la especialización en la materia y analizar cada situación y caso concreto con el fin de asesorar adecuadamente y, en su caso, poder actuar del modo más conveniente para la satisfacción de los derechos e intereses legítimos de cada interesado, es parte de la labor de un buen Abogado de Familia.

 

A vueltas con los efectos retroactivos de las resoluciones judiciales que modifican medidas relativas a pensiones de alimentos y su extinción

Ya fue objeto de comentario en un artículo anterior la controvertida cuestión de la retroactividad de los efectos de las modificaciones judiciales de las pensiones de alimentos y la doctrina del Tribunal Supremo al respecto: en resumen, cuando está en discusión la modificación de la cuantía de una determinada pensión alimenticia, lo que se acuerde judicialmente producirá efectos desde el momento en que se dicte la resolución que sustituirá a la anterior que venía estando vigente.

Así, es frecuente que los abogados de Familia tengamos que aconsejar a nuestros clientes que no dejen de pagar a su ex cónyuge o ex pareja una determinada pensión de alimentos para sus hijos establecida en una resolución judicial hasta que se resuelva lo procedente por el Juzgado en el correspondiente proceso de modificación de medidas. Y a veces, a nuestro pesar, incluso cuando nos informan que su hijo mayor de edad y beneficiario de dicha pensión está trabajando, y hasta puede que se haya independizado y ya no conviva con el progenitor acreedor de la pensión alimenticia.

Estas situaciones suelen darse con más frecuencia cuando la relación entre los progenitores es inexistente y/o conflictiva, también a menudo con el hijo o hijos en cuestión, por las razones que sean. Si además los progenitores residen y hacen su vida en ciudades distintas es difícil que tengan conocimiento de la nueva situación de sus hijos a falta de comunicación. En ocasiones se ha seguido pagando la pensión alimenticia durante meses, incluso años, ante dicho desconocimiento.

Además, en el supuesto de dejar de pagar la pensión por considerar que ha perdido su razón de ser, podemos encontrarnos en la desagradable y a priori injusta situación de que el progenitor «acreedor» de dicha pensión inicie un proceso de ejecución judicial contra el progenitor «deudor» para cobrarse dicha pensión o pensiones impagadas (quizás durante meses), sobre la base principal de que la resolución judicial que fijó la pensión alimenticia ha de cumplirse en sus propios términos mientras no sea modificada. Y el Juzgado, salvo prueba clara y contundente en contrario (de la que muchas veces no se dispone ni se puede disponer en este tipo de procesos ejecutivos), ordenará proseguir la ejecución con las consecuencias de obligar al pago al progenitor «deudor», incluso mediante el embargo de sus bienes y salario, y condenándolo al pago de las costas.

Pero no todo está perdido. En el caso de que exista una causa objetiva de extinción de una pensión de alimentos que ha sido ocultada al pagador, se puede pedir y obtener del Juzgado que declare extinguida dicha pensión con efectos desde la pérdida de los condicionantes fácticos que determinaban su subsistencia y obtener, además, el reintegro de las cantidades indebidamente pagadas desde entonces. Un ejemplo: padres sin contacto con un hijo mayor de edad que en su día quedó bajo la guarda y custodia de la madre con derecho a una pensión de alimentos; el hijo se independiza pero tampoco tiene contacto con su padre y ni la madre ni el hijo comunican dicha circunstancia al padre, que sigue pagando la pensión ante tal desconocimiento, hasta que un día se entera de la nueva situación de su hijo.

En este sentido ha resuelto recientemente el Tribunal Supremo en su Sentencia de la Sala Primera, de lo Civil, de 12 de marzo de este año 2019, que resulta muy interesante por su argumentación jurídica. En el supuesto que se enjuicia el Tribunal Supremo confirma la declaración de extinción de la pensión alimenticia con efectos desde la fecha en que el hijo dejó de convivir con la madre, así como la obligación de la madre de reintegrar al padre las cantidades indebidamente percibidas por alimentos del referido hijo desde dicha fecha; lo que es de justicia.

Aunque hay situaciones parecidas, ninguna es igual a otra. Analizar cada situación concreta de forma adecuada para aconsejar y poder actuar del modo más conveniente es parte de la labor de un buen Abogado de Familia.

 

Novedades destacadas del proyecto de ley de modificación del impuesto sobre sucesiones y donaciones en Aragón

El pasado día 16 de mayo de 2018 se admitió a trámite en las Cortes de Aragón el «proyecto de ley de medidas relativas al impuesto de sucesiones y donaciones«, pactado principalmente entre los grupos parlamentarios socialista y de Ciudadanos (aunque también con la inclusión de alguna propuesta proveniente de otro grupo o partido político).

La principal novedad que constituye una mejora en la tributación del impuesto sobre sucesiones que grava las herencias, y que afectará a un mayor grupo de población contribuyente, es la ampliación de la cuantía de la reducción propia aragonesa a favor del cónyuge, ascendientes y descendientes del fallecido-causante, que pasa de 150.000 euros a 500.000 euros (de 175.000 euros a 575.000 euros en caso de discapacidad). Además, se elimina el requisito condicionante, para su aplicación, de que el patrimonio preexistente del contribuyente no pueda exceder de 402.678,11 euros; y se extiende el beneficio, en consonancia con la legítima colectiva aragonesa, a nietos y otros descendientes en línea recta del causante, eso sí, aplicando en este caso el límite general de reducción de 500.000 euros de modo conjunto por cada línea recta descendente (en la forma y proporción establecidas en la ley).

También es importante la extensión que se hace de las consecuencias de la situación de conyugalidad-matrimonio, a efectos de aplicación de los beneficios fiscales del impuesto sobre sucesiones y donaciones, a los miembros de las parejas estables no casadas configuradas según dispone el Código del Derecho Foral de Aragón, y siempre que se cumplan ciertas condiciones de inscripción, antigüedad y parentesco.

Muy novedoso es el nuevo régimen fiscal de las herencias ordenadas mediante fiducia, fijando el devengo del impuesto en el momento de la delación de la herencia, cuando se ejecuta el encargo fiduciario, de modo que ya no existirá la obligación de realizar una declaración a cuenta del impuesto (y pagarlo, en su caso) por quienes tuvieran la condición de herederos legales al momento del fallecimiento del causante, fuera previsible o no que finalmente se tuviera la condición de heredero, y en qué proporción. Eso sí, también sujeta esta situación tributaria al cumplimiento de ciertas obligaciones formales por el administrador del patrimonio hereditario pendiente de asignación (inventario, declaraciones informativas anuales, etc.).

En cuanto al impuesto sobre donaciones, se introduce una nueva reducción para las efectuadas a favor de los hijos del donante, de dinero para la adquisición de primera vivienda habitual, o de un bien inmueble para su destino como primera vivienda habitual, siempre que la vivienda esté ubicada en alguno de los municipios de la Comunidad Autónoma de Aragón, que otorgará al donatario el derecho a la aplicación de una reducción del 100 por 100 de la base imponible del impuesto, con un límite de 250.000 euros, y siempre que el patrimonio preexistente del contribuyente no exceda de 100.000 euros.

También hay otras modificaciones que afectan a la configuración tributaria de la sucesión empresarial, y de las adquisiciones destinadas a la creación de empresas y empleo, así como de la adquisición mortis causa de la vivienda habitual de la persona fallecida.

Estar al tanto de las próximas y previsibles reformas normativas que van a afectar al ciudadano-cliente es parte de la labor de un buen Abogado de Familia para poder asesorarlo adecuadamente, en cada caso, en su modo de configuración y organización familiar y patrimonial, así como en el momento de tomar ciertas decisiones, según sus propias necesidades y particularidades; y asimismo a la hora de asistirlo en el cumplimiento de las condiciones y obligaciones formales que puedan requerirse.

El tratamiento fiscal en el IRPF a los progenitores que pagan pensiones de alimentos a favor de los hijos

Ahora que estamos en plena campaña de la declaración de la renta, me parece interesante hablar del tratamiento que fiscalmente se da a las pensiones de alimentos o, como dice la Ley del impuesto, «anualidades por alimentos«, que un progenitor abona a favor de sus hijos cuando dichas pensiones o anualidades se han establecido judicialmente.

En primer lugar, habrá que considerar si el obligado a pagar la pensión de alimentos tiene derecho a aplicar el mínimo por descendientes por dichos hijos a cuyo favor paga la pensión. Esto es así cuando dos o más contribuyentes tienen derecho a la aplicación de dicho mínimo respecto del mismo hijo.

Recordaremos que el mínimo por descendientes es la parte de nuestra renta que, previamente fijada por la Ley del impuesto y por considerarse destinada a satisfacer las necesidades básicas de los hijos dependientes del contribuyente, no se somete a tributación.

Por ejemplo, habiendo un hijo, si se ha establecido una custodia compartida, el mínimo por descendiente se prorrateará por partes iguales entre los progenitores; es decir, que si hay derecho a aplicarse el mínimo por descendientes que la Ley fija en 2.400 euros por un hijo, cada progenitor se podrá aplicar la mitad, 1.200 euros.

Pero la especialidad contemplada en la Ley del impuesto se refiere a los casos en que el progenitor que satisface la pensión de alimentos no tiene derecho a aplicar el mínimo por descendientes. Un ejemplo claro: progenitor separado o divorciado que no tiene atribuida la custodia de sus hijos, ni siquiera de forma compartida.

En este tipo de situaciones la Ley permite aplicar la escala del impuesto de forma separada al importe de las anualidades por alimentos y al resto de la renta-base liquidable general.

Como la escala del impuesto se configura en tramos progresivos, es decir que a tramos de mayor renta, mayor tarifa y, por tanto, mayor cuota de impuesto, separando la renta y creando dos bases más reducidas a las que aplicar las tarifas del impuesto, se consiguen unas tarifas marginales también más reducidas y, en consecuencia, se minora la carga impositiva.

Aparte, se permite aplicar el mínimo personal y familiar correspondiente (excluido el mínimo por descendientes por dicho hijo, claro está), incrementado en 1.980 euros.

Un ejemplo: progenitor divorciado con un hijo, con una renta-base liquidable de 30.000 euros anuales, que abona 300 euros mensuales de pensión de alimentos a favor de su hijo, cuya custodia ostenta el otro progenitor.

En este caso se harían dos bases separadas para el cálculo del impuesto: una de 3.600 euros (= 300 euros x 12 meses),  y otra de 26.400 euros (= 30.000 euros – 3.600 euros), y a cada una de dichas bases se le aplicaría la escala de tarifas correspondiente.

La cuantía resultante habría que minorarla en el importe derivado de aplicar la escala del impuesto al mínimo personal y familiar (mínimo personal: 5.550 euros) incrementado en 1.980 euros anuales, como ya se ha apuntado.

En Aragón, teniendo en cuenta también el gravamen autonómico, pues se trata de un impuesto cedido en parte a las Comunidades Autónomas, el resultado final sería una cuota impositiva de 5.351,15 euros, lo que supone un tipo medio de gravamen del 17,84 %.

De no aplicar dicho tratamiento fiscal especial, la cuota impositiva ascendería a 6.233,25 euros (20,78 % de tipo medio de gravamen), es decir una diferencia de casi 3 puntos porcentuales, y 882,10 euros más.

Es importante conocer las repercusiones fiscales y, por tanto, económicas, de nuestros actos y obligaciones, como ésta de los alimentos. De ahí también la importancia de contar con un completo asesoramiento, mejor aún con carácter previo a realizar dichos actos o contraer dichas obligaciones; esa es parte de la labor de un buen Abogado de Familia.

Desde cuándo se han de pagar las nuevas pensiones de alimentos cuando son modificadas judicialmente

Interesante la reciente Sentencia de la Sala Primera, de lo Civil, del Tribunal Supremo, de 2 de febrero de 2018, que viene a matizar y aclarar la controvertida cuestión de la retroactividad de los efectos de las modificaciones de las pensiones de alimentos, es decir, desde cuándo se tiene que pagar una pensión de alimentos que se ha visto aumentada por resolución judicial tras la estimación de un recurso.

El Tribunal Supremo ya tenía fijada doctrina jurisprudencial al efecto sobre esta cuestión jurídica, distinguiendo dos supuestos distintos: uno, en que la pensión se instaura por primera vez y, otro, en el que existe una pensión alimenticia ya declarada (y por tanto, que ha venido siendo percibida) y lo que se discute es la modificación de su cuantía.

En el primer supuesto se habría de abonar la pensión alimenticia desde el momento de la interposición de la demanda judicial; en el segundo, desde el momento en que se dicta la resolución que sustituye a la anterior que venía estando vigente. Todo esto sea dicho con las excepciones que un buen jurista-abogado ha de conocer, que no son objeto de comentario ahora.

Pero la matización y el lenguaje empleados son importantes, desde el conocimiento y la comprensión previa de los conceptos jurídicos que abordan, por las consecuencias que de todo ello se van a manifiestar en la práctica, en nuestras vidas, tras la aplicación del Derecho.

Pero vamos al caso concreto. La Sentencia mencionada resuelve un recurso de casación interpuesto contra una Sentencia de la Audiencia Provincial de Ciudad Real, ésta de 5 de octubre de 2016, que en recurso de apelación había elevado la cuantía de la pensión de alimentos a pagar por un padre a 500 euros mensuales (antes el Juzgado la había fijado en 300 euros/mes); elevación que establecía de aplicación desde la fecha de la sentencia del Juzgado de Primera Instancia (31 de enero de 2013).

El recurso de casación del padre alimentante se fundamentaba en la vulneración de la doctrina jurisprudencial anteriormente expuesta en cuanto a la eficacia de la alteración de una pensión alimenticia declarada con anterioridad. Así, entendía que no debía declararse la obligación del padre de pagar los 200 euros de aumento de la pensión de alimentos por los meses transcurridos desde el 31 de enero de 2013 (fecha de la Sentencia del Juzgado de Primera Instancia) hasta el 5 de octubre de 2016 (fecha de la Sentencia de la Audiencia Provincial), es decir 8.800 euros en total.

Pero el Tribunal Supremo desestima el recurso, confirmando la Sentencia de la Audiencia Provincial, y viene a aclarar la cuestión debatida: sostiene que la Sentencia de la Audiencia Provincial no sólo no contradice la jurisprudencia, sino que lo que aplica le resulta favorable al padre recurrente, ya que no se lleva la retroactividad al momento de la formulación de la demanda, sino a un momento posterior, como es la sentencia del Juzgado.

La clave de los dos supuestos planteados al principio de este artículo radica en cúando se entiende que se instaura o «declara» la pensión «por primera vez»: ¿es cuando se dicta la Sentencia del Juzgado de Primera Instancia o puede ser después, tras la interposición de un recurso?. Está claro que puede ser después si, como en el presente caso, se inicia y ventila un proceso de divorcio contencioso del que se desprende que no había previa resolución firme (o contra la que no cabe recurso) que hubiera establecido o declarado pensión alimenticia alguna.

Analizar situaciones como ésta, desde el conocimiento y especialización en la materia, es parte de la labor de un buen Abogado de Familia.