Novedades destacadas del proyecto de ley de modificación del impuesto sobre sucesiones y donaciones en Aragón

El pasado día 16 de mayo de 2018 se admitió a trámite en las Cortes de Aragón el “proyecto de ley de medidas relativas al impuesto de sucesiones y donaciones“, pactado principalmente entre los grupos parlamentarios socialista y de Ciudadanos (aunque también con la inclusión de alguna propuesta proveniente de otro grupo o partido político).

La principal novedad que constituye una mejora en la tributación del impuesto sobre sucesiones que grava las herencias, y que afectará a un mayor grupo de población contribuyente, es la ampliación de la cuantía de la reducción propia aragonesa a favor del cónyuge, ascendientes y descendientes del fallecido-causante, que pasa de 150.000 euros a 500.000 euros (de 175.000 euros a 575.000 euros en caso de discapacidad). Además, se elimina el requisito condicionante, para su aplicación, de que el patrimonio preexistente del contribuyente no pueda exceder de 402.678,11 euros; y se extiende el beneficio, en consonancia con la legítima colectiva aragonesa, a nietos y otros descendientes en línea recta del causante, eso sí, aplicando en este caso el límite general de reducción de 500.000 euros de modo conjunto por cada línea recta descendente (en la forma y proporción establecidas en la ley).

También es importante la extensión que se hace de las consecuencias de la situación de conyugalidad-matrimonio, a efectos de aplicación de los beneficios fiscales del impuesto sobre sucesiones y donaciones, a los miembros de las parejas estables no casadas configuradas según dispone el Código del Derecho Foral de Aragón, y siempre que se cumplan ciertas condiciones de inscripción, antigüedad y parentesco.

Muy novedoso es el nuevo régimen fiscal de las herencias ordenadas mediante fiducia, fijando el devengo del impuesto en el momento de la delación de la herencia, cuando se ejecuta el encargo fiduciario, de modo que ya no existirá la obligación de realizar una declaración a cuenta del impuesto (y pagarlo, en su caso) por quienes tuvieran la condición de herederos legales al momento del fallecimiento del causante, fuera previsible o no que finalmente se tuviera la condición de heredero, y en qué proporción. Eso sí, también sujeta esta situación tributaria al cumplimiento de ciertas obligaciones formales por el administrador del patrimonio hereditario pendiente de asignación (inventario, declaraciones informativas anuales, etc.).

En cuanto al impuesto sobre donaciones, se introduce una nueva reducción para las efectuadas a favor de los hijos del donante, de dinero para la adquisición de primera vivienda habitual, o de un bien inmueble para su destino como primera vivienda habitual, siempre que la vivienda esté ubicada en alguno de los municipios de la Comunidad Autónoma de Aragón, que otorgará al donatario el derecho a la aplicación de una reducción del 100 por 100 de la base imponible del impuesto, con un límite de 250.000 euros, y siempre que el patrimonio preexistente del contribuyente no exceda de 100.000 euros.

También hay otras modificaciones que afectan a la configuración tributaria de la sucesión empresarial, y de las adquisiciones destinadas a la creación de empresas y empleo, así como de la adquisición mortis causa de la vivienda habitual de la persona fallecida.

Estar al tanto de las próximas y previsibles reformas normativas que van a afectar al ciudadano-cliente es parte de la labor de un buen Abogado de Familia para poder asesorarlo adecuadamente, en cada caso, en su modo de configuración y organización familiar y patrimonial, así como en el momento de tomar ciertas decisiones, según sus propias necesidades y particularidades; y asimismo a la hora de asistirlo en el cumplimiento de las condiciones y obligaciones formales que puedan requerirse.

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El tratamiento fiscal en el IRPF a los progenitores que pagan pensiones de alimentos a favor de los hijos

Ahora que estamos en plena campaña de la declaración de la renta, me parece interesante hablar del tratamiento que fiscalmente se da a las pensiones de alimentos o, como dice la Ley del impuesto, “anualidades por alimentos“, que un progenitor abona a favor de sus hijos cuando dichas pensiones o anualidades se han establecido judicialmente.

En primer lugar, habrá que considerar si el obligado a pagar la pensión de alimentos tiene derecho a aplicar el mínimo por descendientes por dichos hijos a cuyo favor paga la pensión. Esto es así cuando dos o más contribuyentes tienen derecho a la aplicación de dicho mínimo respecto del mismo hijo.

Recordaremos que el mínimo por descendientes es la parte de nuestra renta que, previamente fijada por la Ley del impuesto y por considerarse destinada a satisfacer las necesidades básicas de los hijos dependientes del contribuyente, no se somete a tributación.

Por ejemplo, habiendo un hijo, si se ha establecido una custodia compartida, el mínimo por descendiente se prorrateará por partes iguales entre los progenitores; es decir, que si hay derecho a aplicarse el mínimo por descendientes que la Ley fija en 2.400 euros por un hijo, cada progenitor se podrá aplicar la mitad, 1.200 euros.

Pero la especialidad contemplada en la Ley del impuesto se refiere a los casos en que el progenitor que satisface la pensión de alimentos no tiene derecho a aplicar el mínimo por descendientes. Un ejemplo claro: progenitor separado o divorciado que no tiene atribuida la custodia de sus hijos, ni siquiera de forma compartida.

En este tipo de situaciones la Ley permite aplicar la escala del impuesto de forma separada al importe de las anualidades por alimentos y al resto de la renta-base liquidable general.

Como la escala del impuesto se configura en tramos progresivos, es decir que a tramos de mayor renta, mayor tarifa y, por tanto, mayor cuota de impuesto, separando la renta y creando dos bases más reducidas a las que aplicar las tarifas del impuesto, se consiguen unas tarifas marginales también más reducidas y, en consecuencia, se minora la carga impositiva.

Aparte, se permite aplicar el mínimo personal y familiar correspondiente (excluido el mínimo por descendientes por dicho hijo, claro está), incrementado en 1.980 euros.

Un ejemplo: progenitor divorciado con un hijo, con una renta-base liquidable de 30.000 euros anuales, que abona 300 euros mensuales de pensión de alimentos a favor de su hijo, cuya custodia ostenta el otro progenitor.

En este caso se harían dos bases separadas para el cálculo del impuesto: una de 3.600 euros (= 300 euros x 12 meses),  y otra de 26.400 euros (= 30.000 euros – 3.600 euros), y a cada una de dichas bases se le aplicaría la escala de tarifas correspondiente.

La cuantía resultante habría que minorarla en el importe derivado de aplicar la escala del impuesto al mínimo personal y familiar (mínimo personal: 5.550 euros) incrementado en 1.980 euros anuales, como ya se ha apuntado.

En Aragón, teniendo en cuenta también el gravamen autonómico, pues se trata de un impuesto cedido en parte a las Comunidades Autónomas, el resultado final sería una cuota impositiva de 5.351,15 euros, lo que supone un tipo medio de gravamen del 17,84 %.

De no aplicar dicho tratamiento fiscal especial, la cuota impositiva ascendería a 6.233,25 euros (20,78 % de tipo medio de gravamen), es decir una diferencia de casi 3 puntos porcentuales, y 882,10 euros más.

Es importante conocer las repercusiones fiscales y, por tanto, económicas, de nuestros actos y obligaciones, como ésta de los alimentos. De ahí también la importancia de contar con un completo asesoramiento, mejor aún con carácter previo a realizar dichos actos o contraer dichas obligaciones; esa es parte de la labor de un buen Abogado de Familia.

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Desde cuándo se han de pagar las nuevas pensiones de alimentos cuando son modificadas judicialmente

Interesante la reciente Sentencia de la Sala Primera, de lo Civil, del Tribunal Supremo, de 2 de febrero de 2018, que viene a matizar y aclarar la controvertida cuestión de la retroactividad de los efectos de las modificaciones de las pensiones de alimentos, es decir, desde cuándo se tiene que pagar una pensión de alimentos que se ha visto aumentada por resolución judicial tras la estimación de un recurso.

El Tribunal Supremo ya tenía fijada doctrina jurisprudencial al efecto sobre esta cuestión jurídica, distinguiendo dos supuestos distintos: uno, en que la pensión se instaura por primera vez y, otro, en el que existe una pensión alimenticia ya declarada (y por tanto, que ha venido siendo percibida) y lo que se discute es la modificación de su cuantía.

En el primer supuesto se habría de abonar la pensión alimenticia desde el momento de la interposición de la demanda judicial; en el segundo, desde el momento en que se dicta la resolución que sustituye a la anterior que venía estando vigente. Todo esto sea dicho con las excepciones que un buen jurista-abogado ha de conocer, que no son objeto de comentario ahora.

Pero la matización y el lenguaje empleados son importantes, desde el conocimiento y la comprensión previa de los conceptos jurídicos que abordan, por las consecuencias que de todo ello se van a manifiestar en la práctica, en nuestras vidas, tras la aplicación del Derecho.

Pero vamos al caso concreto. La Sentencia mencionada resuelve un recurso de casación interpuesto contra una Sentencia de la Audiencia Provincial de Ciudad Real, ésta de 5 de octubre de 2016, que en recurso de apelación había elevado la cuantía de la pensión de alimentos a pagar por un padre a 500 euros mensuales (antes el Juzgado la había fijado en 300 euros/mes); elevación que establecía de aplicación desde la fecha de la sentencia del Juzgado de Primera Instancia (31 de enero de 2013).

El recurso de casación del padre alimentante se fundamentaba en la vulneración de la doctrina jurisprudencial anteriormente expuesta en cuanto a la eficacia de la alteración de una pensión alimenticia declarada con anterioridad. Así, entendía que no debía declararse la obligación del padre de pagar los 200 euros de aumento de la pensión de alimentos por los meses transcurridos desde el 31 de enero de 2013 (fecha de la Sentencia del Juzgado de Primera Instancia) hasta el 5 de octubre de 2016 (fecha de la Sentencia de la Audiencia Provincial), es decir 8.800 euros en total.

Pero el Tribunal Supremo desestima el recurso, confirmando la Sentencia de la Audiencia Provincial, y viene a aclarar la cuestión debatida: sostiene que la Sentencia de la Audiencia Provincial no sólo no contradice la jurisprudencia, sino que lo que aplica le resulta favorable al padre recurrente, ya que no se lleva la retroactividad al momento de la formulación de la demanda, sino a un momento posterior, como es la sentencia del Juzgado.

La clave de los dos supuestos planteados al principio de este artículo radica en cúando se entiende que se instaura o “declara” la pensión “por primera vez”: ¿es cuando se dicta la Sentencia del Juzgado de Primera Instancia o puede ser después, tras la interposición de un recurso?. Está claro que puede ser después si, como en el presente caso, se inicia y ventila un proceso de divorcio contencioso del que se desprende que no había previa resolución firme (o contra la que no cabe recurso) que hubiera establecido o declarado pensión alimenticia alguna.

Analizar situaciones como ésta, desde el conocimiento y especialización en la materia, es parte de la labor de un buen Abogado de Familia.

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