Custodia y visitas de los hijos de padres separados o divorciados durante la vigencia del estado de alarma declarado como consecuencia de la crisis sanitaria ocasionada por el virus COVID-19

De todos es más que sabido que el pasado día 14 de marzo de 2020, por Real Decreto 463/2020, de la misma fecha, se declaró en España el estado de alarma con el fin de afrontar la situación de emergencia sanitaria provocada por el coronavirus COVID-19.

De todos es también sabido que, entre las medidas adoptadas en dicho Real Decreto, modificado posteriormente por Real Decreto 465/2020, de 17 de marzo, se encuentra la limitación de la libertad de circulación de las personas. Asimismo, salvo determinadas excepciones, se suspenden los términos y plazos procesales de todos los órdenes jurisdiccionales.

¿Y ahora qué pasa con el régimen de custodia, visitas, comunicaciones y estancias entre los hijos y sus padres separados o divorciados? Una primera respuesta clara y general sería que hay que seguir cumpliendo con el régimen pactado y/o establecido en una resolución judicial. Esta situación excepcional no debe ni puede servir de amparo o excusa para incumplir un determinado régimen de custodia, visitas, comunicaciones o estancias entre hijo y progenitor. Pero, claro, habrá que atender a las circunstancias particulares de cada caso concreto.

El apartado 1 del artículo 7 del Real Decreto que declara el estado de alarma permite circular por las vías o espacios de uso público acompañando a personas con discapacidad, menores, mayores, o por otra causa justificada, para la realización de determinadas actividades, entre las que se encuentran el retorno al lugar de residencia habitual (apartado d), la asistencia y cuidado a menores (e), causa de fuerza mayor o situación de necesidad (g) y cualquier otra actividad de análoga naturaleza (h). Igualmente, el apartado 2 permite la circulación de vehículos particulares por las vías de uso público para la realización de dichas actividades.

Es decir, las limitaciones impuestas a la libertad de circulación de las personas no impiden a priori el cumplimiento de los regímenes de visitas, comunicaciones o estancias establecidos en los pactos de relaciones familiares o convenios reguladores, o en las medidas adoptadas en resolución judicial al efecto, ni los restringen. Tampoco se ha dispuesto medida legal alguna especial al respecto.

Así, el Ministro de Justicia, en comparecencia y posterior rueda de prensa del pasado día 20 de marzo, declaró que, por “regla general, tendrán que seguir cumpliéndose los acuerdos establecidos en medidas cautelares o en sentencia definitiva sobre la tenencia de los progenitores“.

Del mismo modo, la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial, en sesión extraordinaria celebrada el mismo día 20 de marzo de 2020, acordó expresamente que, si lo impone la necesidad de preservar la salud de los hijos y de los progenitores, “corresponde al juez la decisión pertinente acerca de la suspensión, alteración o modulación del régimen de custodia, visitas y estancias acordado en los procedimientos de familia cuando lo dispuesto en el Real Decreto 463/2020, por el que se declaró el estado de alarma, afecte directa o indirectamente a la forma y medio con arreglo a los cuales se llevan a la práctica las medidas acordadas“, sin perjuicio, como también señala, de la posibilidad, “e incluso conveniencia”, de que esta variación del régimen y de la forma de ejecutarlo sea producto del consenso entre los progenitores, pues la intervención judicial sólo se hará necesaria en caso de falta de acuerdo de los progenitores.

Termina diciendo la Comisión Permanente que “lo anterior no es obstáculo a la eventual adopción de acuerdos en las juntas sectoriales de los Juzgados de Familia con objeto de unificar criterios y de establecer pautas de actuación conjunta en orden a satisfacer las finalidades de protección a que está orientado el Real Decreto 463/2020”.

En este sentido, son diversos los acuerdos adoptados por distintas Juntas Sectoriales de Jueces de Familia que tratan de unificar criterios en sus circunscripciones, y que son, por otro lado, muy dispares entre sí, motivo por el que habrá de estarse no sólo a cada caso concreto sino a los criterios que hayan podido ser adoptados por dichas Juntas de Jueces de Familia en cada ciudad.

Por ejemplo, en Zaragoza, por ser el partido judicial en el que con mayor frecuencia trabajo, el 16 de marzo de 2020 se reunió de forma extraordinaria y urgente la Junta Sectorial de Jueces de Familia, para, a la vista de la situación excepcional existente en este momento, y siempre para el supuesto de falta de acuerdo entre las partes, acordar la unificación de ciertos criterios sobre ejecución del régimen de custodia y visitas intersemanales y de fines de semana.

Así, los jueces de Familia de Zaragoza acordaron, entre otros criterios, que en los casos de custodia compartida se deberán efectuar los cambios en las fechas que correspondan, arbitrando en su caso la forma en que el menor resulte menos expuesto al coronavirus; que igualmente se mantendrán las visitas de fines de semana en los supuestos de custodia tanto compartida como individual, exista o no pernocta; que se suspenden las visitas intersemanales sin pernocta tanto en custodia compartida como individual, por suponer una exposición innecesaria para el menor dada su brevedad; y que las vistitas intersemanales con pernocta deberán llevarse a cabo en sus propios términos.

Asimismo en dichos acuerdos de Zaragoza se señala que la copia de la resolución correspondiente será título suficiente para acreditar ante los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado la necesidad del desplazamiento y, expresa y “finalmente, se pone de manifiesto a los progenitores implicados en estas medidas que la situación excepcional en la que se encuentra el país y que afecta a la Administración de Justicia y a la jurisdicción de familia en particular por su especial naturaleza, no debe servir de excusa ni amparar, (salvo supuestos excepcionales y que en su caso se deberían justificar adecuadamente) el incumplimiento de las medidas establecidas en las resoluciones judiciales“.

Por tanto, lo primero a explorar será la posibilidad de seguir cumpliendo los pactos y medidas acordadas en resolución judicial previa con las adaptaciones temporales que sean precisas, siempre que, a la vista de las circunstancias extraordinarias en las que nos encontramos, no se ponga de manifiesto un riesgo objetivo y claro para los hijos menores, los padres u otras personas, en cuyo caso habrá de apelarse a la responsabilidad de los progenitores para acordar las modificaciones que sean necesarias o adecuadas a cada situación mientras dure la situación de riesgo o peligro.

De no ser posible el acuerdo, por la razón que sea, se puede acudir al Juzgado solicitando la adopción de las medidas que se consideren oportunas con el fin de apartar al menor de un peligro o de evitarle perjuicios, actuación procesal que no es objeto de suspensión y deberá llevarse a cabo necesariamente al amparo del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma.

Conocer todo lo anterior desde la especialización en la materia y analizar cada situación y caso concreto con el fin de asesorar adecuadamente y, en su caso, poder actuar del modo más conveniente para la satisfacción de los derechos e intereses legítimos de cada interesado, es parte de la labor de un buen Abogado de Familia.

 

Acerca de Javier Oliván

Abogado de Familia
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